Hace ya varias décadas que la salud se ha convertido en una preocupación que va más allá del ámbito privado y buena parte de la culpa de esta situación nace de la existencia de la Sanidad Pública. Lo que comemos, cómo lo comemos, incluso cómo lo metabolizamos se convierte en un asunto de Estado, sobre todo si acaparan buena parte del presupuesto de la Seguridad Social. En estas circunstancias, consejos y recomendaciones como las anteriores adquieren una trascendencia que sobrepasa incluso las intenciones de los que las exponen.
Hace ya varias décadas que la salud se ha convertido en una preocupación que va más allá del ámbito privado y buena parte de la culpa de esta situación nace de la existencia de la Sanidad Pública. Lo que comemos, cómo lo comemos, incluso cómo lo metabolizamos se convierte en un asunto de Estado, sobre todo si acaparan buena parte del presupuesto de la Seguridad Social. En estas circunstancias, consejos y recomendaciones como las anteriores adquieren una trascendencia que sobrepasa incluso las intenciones de los que las exponen.
La razón de estos desvelos es más egoísta de lo que parece. La Sanidad Pública se ha visto sobrepasada hace ya mucho tiempo de forma que determinadas patologías deben ser evitadas en la medida de sus posibilidades y la obesidad teóricamente es controlable. Pero para el político, control quiere decir legislación.
Por una parte, y dado que modificar los hábitos de vida que ya están instaurados es una tarea ardua y complicada, las autoridades se han concentrado especialmente en proteger a la infancia y a la adolescencia promoviendo menús escolares más saludables, penalizando la distribución de productos poco valiosos desde el punto de vista nutricional (chucherías, bollos, refrescos...) en sus instalaciones y restringiendo la publicidad de éstos en horario infantil. También se está haciendo hincapié en potenciar las clases de educación física y de llevar a cabo actividades deportivas en polideportivos y centros lúdicos públicos a precios asequibles.
Por otro lado, en casi todo el mundo, se ha obligado a los fabricantes de productos alimenticios a pormenorizar cada vez más su etiquetado, así como a reducir la cantidad de ingredientes poco recomendables en su elaboración, tales como las grasas saturadas y trans, así como las calorías totales, los azúcares o la sal.
Ademas algunas experiencias que se están poniendo en marcha para promover la práctica de actividad física, uno de los pilares fundamentales para la prevención de la obesidad y favorecer la pérdida de peso. En Austria, por ejemplo, se están abaratando los precios de los gimnasios para facilitar su acceso. En algunos estados de EEUU están rediseñando las aulas para que los críos se muevan más al mismo tiempo que aprenden.
No obstante, persiste el sentimiento de que la legislación en este sentido merma las libertades individuales y que supone una intromisión en la esfera privada. Por otro lado, la industria ha ejercicio múltiples presiones para evitar modificar sus procesos de elaboración. De hecho, en general, únicamente las grandes marcas adoptan los acuerdos voluntarios que se alcanzan para promover una alimentación y estilos de vida saludables.
Además, la autoridades se han encontrado con que la comida no tienen las mismas connotaciones que otros productos como, por ejemplo, el tabaco a la hora de penalizarlos. Primero hay que definir qué es un alimento poco saludable, hay que considerar que no todos los productos son malos para todo el mundo y que al fin y al cabo, ingerir los que sí sean dañinos no perjudica al prójimo como el humo del pitillo a los fumadores pasivos.
«Las estrategias iniciales deberían concentrarse en mejorar la conciencia de los consumidores acerca del papel que juega la industria alimentaria en la dieta que sigue luego la población y las condiciones ambientales (sociales, económicas...) que contribuyen a crear una nación con problemas de peso», concluyen los autores de la revisión.
En opinión de estos especialistas, el motivo de esta afirmación no es otro que la población no es plenamente consciente de que las decisiones de compra, en lo que a alimentos se refiere no son del todo libres, ya que se adoptan en función de una información que en demasiadas ocasiones es incompleta, incorrecta o directamente falsa.
Fuentes: Instituto Juan de Mariana, El Mundo
