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El Poder Legislativo sancionó este martes la normativa mediante la cual se podrán otorgar títulos de propiedad a las personas de escasos recursos que realizaron sus viviendas en áreas que no les pertenecían. En el proceso jugarán un papel clave alcaldías y gobernaciones. El instrumento jurídico establece que despues de 10 años ocupando una parcela se puede optar a ser su dueño. Cámara Inmobiliaria insta a no beneficiar a quienes hayan tomado bienes de forma “delincuencial”
Acabar con las invasiones y contribuir a la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda son dos de los propósitos del proyecto de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, que fue aprobado este martes en segunda discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN).
El presidente del parlamento, Nicolás Maduro (MVR), señaló que con éste nuevo intrumento legal se pretende evitar los procesos de tomas ilegales. “Es un problema social que debemos atacar”, dijo.
El artículo 66 del instrumento legal establece que “quedarán excluidos del proceso de regularización de la tenencia de la tierra urbana, así como de la garantía de permanencia en ella, quienes promuevan o realicen ocupaciones ilegales”.
Con este texto legal, el parlamento busca legalizar la situación de aquellos ciudadanos que teniendo sus viviendas asentadas en terrenos ajenos, no se les ha reconocido su derecho a la propiedad de la tierra.
Según explicó uno de los coredactores de la ley, diputado Dennis Peraza (Podemos), el instrumento jurídico será empleado durante 10 años a partir de su publicación en Gaceta Oficial, pues posteriormente sólo podrá aplicarse a aquellos procesos de titularización y urbanización ya ejecutados.
Para la adquisición de tierras privadas se establece un lapso de 10 años de posesión y se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil.
La aplicación de esta normativa corresponderá al Ejecutivo, a través de la Oficina Nacional de Regularización de la Tenencia de Tierra Urbana, que podrá otorgar los títulos de adjudicación; mientras que a nivel estadal y municipal serán los gobernadores y alcaldes quienes hagan entrega de dichos documentos.
Quedan reservadas las tierras destinadas por ley para vocación agrícola, áreas naturales protegidas o de administración especial, tierras que han sido demarcadas para comunidades indígenas y zonas de riesgo.
Según establece la norma, la Oficina Técnica Nacional tendrá, entre otras, la atribución de estimular la participación ciudadana mediante la conformación de los comités de tierra, promover la creación del registro de los asentamientos urbanos populares, brindar asesoría y asistencia técnica a los gobiernos estadales y municipales en esta materia, presentar informes periódicos de la gestión realizada a la vicepresidencia de la República y rendir cuentas anualmente.
Mientras, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Luis Emilio Vegas, considera que la ley aprobada por la AN en la que “se les va a dar títulos de propiedad a la gente que vive en los barrios siempre y cuando no estén en zonas de alto riesgo” resulta positivo, pues “ello transformaría parte del estado de pobreza porque los ciudadanos de menores recursos dispondrían de un patrimonio que es la tierra donde está construida su vivienda”.
Sin embargo, el empresario dice ver con temor que la norma sea usada para legalizar las invasiones en lugar de contrarrestarlas, pues recuerda que en los últimos cinco años sólo en Caracas han sido invadidos 5 mil inmuebles.
“Hemos tenido un proceso de ocupaciones masivas de terrenos, edificios y propiedades industriales, y si se usa la ley para privilegiar a quienes han tomado bienes de manera delincuencial sería negativo”.
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