Para comprender mejor la situación carcelaria en nuestro país, recordemos su transición desde el siglo XIX hasta la nuestra época. El sistema penitenciario venezolano a principios del año 1800, se fundamentó en el castigo y la venganza. Luego, se acoge a la idea del aislamiento, segregación y distribución.

A finales del siglo XIX, se consolidan planteamientos en los cuales se le dictaba una pena al reo por ser un individuo con una “enfermedad”, de manera que se iniciaron estudios psicológicos en los recintos, para determinar si una persona era altamente peligrosa por naturaleza o más bien por una condición psicológica.

Entre los años 1937 y 1946, se creo en nuestro país un modelo penitenciario que cubría las necesidades de los reos con respecto a temas como construcción, arquitectura, educación y deporte, creando un concepto totalmente nuevo y moderno de cárceles en nuestro país, incluso se adoptaron leyes instadas en la Comisión de Derechos Humanos.

Durante el gobierno del General Juan Vicente Gómez se adoptan modelos penitenciarios como los de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, pero en nuestro país, para poder estar a la par de las grandes ciudades industrializadas, se utilizaron las prisiones como mecanismos de control político y esto desencajaba totalmente con los ideales de las ciudades modernas.

Una vez derrocado el régimen dictatorial, las cárceles, que una vez sirvieron de ejemplo para otros países de Latinoamérica, se fueron abarrotando de criminales debido al boom petrolero y las migraciones a nuestro país, quedándose el personal de trabajo cada vez más corto y los recintos más pequeños lo que llevo a los presos a vivir en unas condiciones de hacinamiento extremas. A partir de este momento empieza la crisis penitenciaria en nuestro país.

En la actualidad tenemos un sistema penitenciario donde, según la Constitución de nuestro país, la presunción de inocencia y el estado de libertad son las premisas principales, dejando atrás las penas dictadas por los jueces y el verdadero proceso judicial que debe llevarse a cabo con cada criminal.

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula: “El estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna con respecto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización (…) El estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.”

Aun cuando se cuenta con este basamento legal tan bien estipulado, podemos observar las alarmantes cifras que presenta Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, para el año el 2005 se registraron 408 homicidios en los centros penitenciarios del país; el año pasado las cifras aumentaron a 498 homicidios. Las proyecciones para este año son de 476 muertes, cifras nada alentadoras, que demuestran la terrible situación por la que atraviesan las cárceles del país.

Esta crisis penitenciaria obliga a los presos a vivir en condiciones inhumanas imposibilitando la reinserción de ellos a la sociedad. Se ha vuelto común ver a un personal dentro de los recintos sin ningún tipo de capacitación profesional, son cada vez más los intereses económicos que se mueven entre guardias y reos, tráfico de armas, explosivos y drogas.

La violencia penitenciaria es un problema que le compete a todos los ciudadanos, en Venezuela muere un 2,2% de internos anuales, cada dos años asesinan a una población de reclusos. En los diferentes centros penitenciarios del país el número de muertes ha aumentado, mientras que en 2006 fueron 412 reclusos, el siguiente año la cifra se elevó a 498 internos, y hasta el mes de septiembre de este año se han contabilizado 335 reos asesinados.

Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, en el año 2008 se registraron 137 fugas, 92 hechos como auto secuestros, huelgas de hambre y sangre, se decomisaron 1815 armas en 70 requisas realizadas, entre ellas, 79 revólveres, 81 pistolas, 31 escopetas, 2 subametralladoras, 38 granadas, 985 chuzos, 284 chopos, 6.324 proyectiles y 1.150 cartuchos.

A pesar de este arsenal, Ysmel Serrano Flórez, a cargo de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, afirma que las requisas se han reducido en número pero se han vuelto más efectivas. En materia de drogas, se decomisaron 3.154 envoltorios de marihuana, 568 de cocaína y 521 de crack. Se detectaron casos de tuberculosis y VIH en la Región Capital.

Estas devastadoras cifras nos permiten analizar la situación de las cárceles en Venezuela y como poco a poco empeora el panorama penitenciario en el país. Entre los retrocesos que se pueden observar tenemos que aun no se ha querido privatizar las cárceles por lo que la descentralización de la administración en ellas dificulta la resolución de problemas porque las desiciones tienen que ser tomadas por toda una comitiva que probablemente ni estudiará el caso en la brevedad posible ni aportará una solución en el momento.

Es cada vez más el personal que no está capacitado para enfrentar esta situación. Hoy día estudiantes universitarios de la materia pueden trabajar en las cárceles sin estar graduados. Se van a crear centro de rehabilitación para la reinserción de los reos no desde el foco del recinto sino desde afuera, lo que dificulta el seguimiento de la persona. No se aplican los adecuados planes de saneamiento a los recintos, por lo que es cada vez más común que aparezcan enfermedades de todo tipo que no tengan el tratamiento debido para los afectados.

Hasta los momentos no se han ejecutado las medidas preventivas necesarias según la Corte Interamericana para los Derechos Humanos para solucionar algunos de los problemas que se viven en las cárceles de nuestro país. Es necesario tomar medidas inmediatas para lograr el buen funcionamiento de ellas con estricta seguridad y planes de saneamiento con urgencia. También se debe crear un personal apto para trabajar en los recintos porque cada vez se agrava la situación con respecto al tráfico de armas y drogas entre el personal que labora en la cárcel y los reos.

“No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el dispensado a los más marginados: sus presos” Nelson Mandela.

*Fotografías cortesía del Observatorio Venezolano de Prisiones.

*Fotografías cortesía de Sucesos - eluniversal.com