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El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, presentó este martes a la directiva de la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Protección a las Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales. Rodríguez explicó que la normativa, además de llenar un vacío jurídico, busca sentar las bases de un sistema que permita salvaguardar la integridad de aquellas personas que posean información clave para la resolución del algún delito.
El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, presentó este martes a la directiva de la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de Ley de Protección a las Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.
Rodríguez explicó que la normativa, además de llenar un vacío jurídico, busca sentar las bases de un sistema que permita salvaguardar la integridad de aquellas personas que posean información clave para la resolución del algún delito.
El texto legal prevé la creación de una línea de emergencia, la conformación de brigadas policiales especiales, centros de refugio y un fondo de protección y asistencia.
El titular del Ministerio Público comentó que entre las sanciones que establece el proyecto están que aquellos obligados a acatar la medida de protección y no le den el cumplimiento debido tendrán penas de 3 meses a 6 años más multa de 100 a 500 unidades tributarias (Bs 3 millones 360 mil a Bs 16 millones 800 mil). Además, indicó que quien revele información que comprometa la integridad del protegido será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años.
Aclaró que si por esa indiscreción se concretara alguna adhesión sobre la persona protegida se incrementará la pena a la mitad, pero si ella ocasiona la muerte habrá un aumento de la misma de 3 a 5 años.
El presidente de la AN, Nicolás Maduro, planteó, y así se aprobó ayer en plenaria, discutir la propuesta del fiscal en la sesión del jueves y darle urgencia reglamentaria para sancionarla antes del 15 de agosto.
Po su parte, el jurista Carlos Ayala Corao, consideró que la propuesta en cuestión sería beneficiosa, sin embargo, afirma que la misma debe ser complementada con una depuración de los organismos de seguridad.
“Sería contradictorio que el resguardo de los testigos esté a cargo de policías infiltradas por delincuentes”, apuntó.
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